Sentencia glifosato: Se juzga el derecho a la información en temas de salud
Hace diez días conocimos una sentencia judicial que condena a Monsanto a indemnizar con cantidades de dinero muy importantes a un jardinero que estuvo expuesto durante años al herbicida glifosato y sufrió un cáncer que le provocó la muerte. En concreto, el gigante agroquímico ha de pagar 39,2 millones de dólares por los daños causados a esa persona y 250 millones por no advertir a los usuarios que la exposición al herbicida Roundup causa cáncer.
La polémica estaba servida y así ha sucedido durante días en los que las redes sociales se han inundado de comentarios. Cuando ocurre algo así el debate suele centrarse en los aspectos científicos y en concreto en si el glifosato es cancerígeno o no. En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que el glifosato probablemente es carcinógeno. Hay otras instituciones, unas más independientes que otras y algunas claramente cooptadas por los informes y lobbistas de los fabricantes del tóxico agrícola, que exponen que no.
«El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”.
Y sin información sobre los productos y servicios que puedan conculcar ese derecho no podemos tenerlo. Aparte de que el jurado, por unanimidad, considerase probada la relación de causalidad entre la exposición a glifosato y el cáncer que mató al jardinero, los 250 millones de multa a la empresa son por saber que eso era así y ocultarlo a la población.
En el juicio la defensa del jardinero mostró montañas de documentos internos que revelaban por ejemplo que un asesor científico contratado por Monsanto le dijo a la compañía que las pruebas pasadas para Roundup no eran suficientes porque el glifosato, el ingrediente activo en Roundup, se probó de manera aislada sin los otros ingredientes químicos que componen la formulación Roundup.
Todo esto viene de lejos. Resulta que en Estados Unidos, tras otra demanda interpuesta por varios enfermos de cáncer a la corporación, se hicieron públicos algunos correos electrónicos que comprometen al gigante agroquímico. En uno de ellos, Marion Copley, antigua trabajadora de la Agencia de Protección Ambiental de USA, la EPA y que estaba sufriendo un cáncer de mama terminal, saca los colores a uno de los mandamases de la EPA, Jesse Rowland, acusándole de connivencia con Monsanto y de no atender a las pruebas sobre la peligrosidad del glifosato.
La carta está fechada en marzo de 2013, antes de que la OMS calificara a esta sustancia como probable cancerígeno. Las acusaciones de Copley, que moriría pocos meses después de enviar esta misiva, son demoledoras. Ruega a Rowland que deje de mirar por sus propios intereses, de regular en favor de la industria y de confabular con otros colegas que han publicado investigaciones afines a los intereses de Monsanto que han condicionado los informes de la Cancer Assessment Review Committee (CARC) sobre los que la EPA basa sus decisiones.
Es decir que en este caso se dan algunos factores que están abriendo el debate del momento sobre salud, derechos fundamentales, derechos de las compañías, manipulación de la política en beneficio privado, corrupción de la ciencia, etc. Casi nada:
– Lo primero de lo primero es nuestro derecho como personas a saber TODO sobre los posibles impactos en nuestras salud. Con sentido común pues todo todo es mucha información pero primero estar informados y luego decidir con libertad qué hacemos. Mejor pecar de exceso que no de falta de información.
– Las empresas tienen derecho a hacer negocios, eso nadie lo niega pero NUNCA poniendo sus intereses a los de la población (¿sería mucho pedir que las empresas tuvieran una vocación de servir a la sociedad y que de ello se desprendieran unos ingresos económicos?).
– La financiación de partidos políticos por empresas y lobbies industriales tiene como consecuencia la perversión de la democracia pues esos políticos una vez en el poder se convierten en delegados comerciales de quienes les patrocinan y olvidan su mandato público.
– La Ciencia ha de servir a las personas. Hacer sesudos estudios científicos sobre un producto y que sus resultados negativos se oculten y que los positivos se comuniquen a la sociedad como un “gran descubrimiento”, es marketing no ciencia y fraudulento además.
– ¿Y de la prensa qué podemos escribir? Pues me quedo con aquello de que todo lo que se cuente que no interesa a algún poder es buena información, lo demás es publicidad. Y hoy y en este caso hay mucho mamporrero sistémico que usa los medios de comunicación para sembrar dudas sobre la honorabilidad de empresas, productos y servicios que hasta las propias compañías que los venden saben que son sólo un pelotazo económico injustificable desde el punto de vista de la salud.
– Con respecto a la Justicia creemos que en caso de duda científica se debe ir a favor de la posible víctima cuando hay indicios de ocultación de información. En el Bufete Almodóvar & Jara esto es el pan nuestro de cada día.
A partir de octubre comienzan el resto de juicios porque Monsanto y los fabricantes de glifosato, que son más de una decena de compañías, tienen pendientes más de 4.000 demandas por el mismo motivo que ahora nos ocupa.
FUENTE: Miguel Jara
