España ha concedido autorizaciones excepcionales para el uso de plaguicidas prohibidos y no autorizados “de forma rutinaria, continuada y en ocasiones con anterioridad a que aparezca ningún tipo de problema en las cosecha”. Así lo ha asegurado Ecologistas en Acción este jueves en la presentación del informe Autorizaciones de pesticidas prohibidos.

El Reglamento de Fitosanitarios 1107/2009 del Parlamento y el Consejo europeos prohíbe la comercialización de sustancias activas —así como de los plaguicidas que las contienen— clasificadas como mutágenas, cancerígenas o tóxicas para la reproducción, además de aquellas que puedan causar daños por su capacidad de alterar el sistema hormonal.

Sí contempla autorizaciones excepcionales para el uso de plaguicidas no autorizados y prohibidos por su elevada toxicidad para la salud humana y el medio ambiente en situaciones anormales de plagas en las cosechas. Estas concesiones, sin embargo, deben cumplir una serie de condiciones, “como que no existan alternativas al uso de esas sustancias plaguicidas, que la emergencia esté científicamente justificada y que el permiso se conceda para usos concretos, en zonas limitadas y durante un plazo de tiempo no superior a 120 días”, señalan desde la confederación ecologista.

Por ello, el colectivo denuncia que se han producido autorizaciones ilegales, incluyendo algunas que superan el plazo de vigencia de 120 días. En concreto, señala que “entre abril y julio de 2018 se concedieron más de 38 autorizaciones excepcionales que permitieron el uso de diez plaguicidas no autorizados por su elevada toxicidad y 15 plaguicidas con efectos disruptores endocrinos por su capacidad de alterar el equilibrio hormonal y la fisiología a lo largo de la vida del individuo”.

Asimismo, la investigación apunta que el número de autorizaciones excepcionales entre 2013 y 2017 fue de 365, cifra tres veces superior a la de años anteriores.

IRREGULARIDADES ANUALES

El informe investiga, además, los casos concretos de las autorizaciones excepcionales de dos plaguicidas prohibidos por su toxicidad: el 1,3-dicloropropeno y la cloropicrina. “En ambos casos, las autorizaciones se repiten año tras año, con anterioridad a la época de plagas, sin justificar la existencia de una plaga y con la única base que la de no tener sustitutos eficaces”, denuncia.

Para la confederación, “los datos recogidos en este informe demuestran la necesidad de que la administración española evalúe de manera más eficaz y justificada las solicitudes de autorizaciones excepcionales, para que las concedidas respondan a una emergencia fitosanitaria real y justificada”. De lo contrario, “la salud de las personas y el medio ambiente sufrirán las consecuencias de permitir el uso de sustancias activas que no fueron autorizadas o están prohibidas por su elevado riesgo y se desincentivará la innovación reclamada por la propia administración española para la búsqueda de alternativas”, alertan.

Fuente: ElSaltoDiario