Médicos y científicos exigen un marco normativo en que el Estado se haga cargo de estudios exhaustivos de todas las sustancias tóxicas presentes en productos de consumo y la evolución del riesgo de exposición.

Nicolás Olea es representante del grupo de Endocrinología y Medio Ambiente de la Sociedad Española de Endocrinología y catedrático del Departamento de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada. No entiende la pasividad política ante un dato alarmante y estremecedor de una de sus investigaciones: el 83% de los niños valencianos orinan todos los días clorpirifo, un peligroso pesticida de amplio uso en las viviendas y en la agricultura que está prohibido desde 2020 por la Comisión Europea, pero que sigue presente en muchos productos de consumo. Por eso, este martes, junto a un grupo de médicos y científicos, se acercó al Congreso de los Diputados para exigirle a la ministra de Salud Mónica García y a todos los grupos parlamentarios un marco normativo estatal que reduzca la “toxicidad cotidiana” con la que conviven todas las familias de España.

Los expertos fueron convocados por la ONG Rezero, que desde hace años viene luchando por poner esta problemática en la agenda política. El diagnóstico de esta organización y de los más de 100 profesionales que han firmado la declaración “Futuro Sin Tóxicos” es que diariamente estamos en contacto con productos que, aunque estén en el mercado, no son seguros.

Se trata, en su mayoría, de mercaderías derivadas del petróleo, de uso cotidiano y de una toxicidad lenta, pero persistente. “Envases de alimentos, juguetes, pañales, utensilios de cocina, productos de limpieza, de cosmética”, enumera Elena Codina, responsable de la Unidad de Salud Medioambiental del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y representante de la Sociedad Catalana de pediatría, quien también participó de la reunión en el Hemiciclo.

La pediatra advierte que desde hace años, con total pasividad y naturalidad, “estamos dejando entrar en nuestros hogares sustancias potencialmente peligrosas para nuestra salud” y que la toxicidad tiene un “efecto acumulativo muy dañino”.

Además, pese a la abrumadora evidencia científica sobre la “toxicidad aguda e individual” de muchos compuestos, aún se desconoce los efectos de lo que se conoce como “cóctel químico”, la interacción de los tóxicos, incluso aquellos que están presentes a niveles aparentemente seguros.

Juan Antonio Ortega, presidente de la Asociación Española Científica de Pediatría, habla de “lágrimas secas” para referirse a las miles de historias clínicas ligadas a esta toxicidad que ha visto en los últimos veinticinco años dentro de su consultorio. “¿Cuántas de estas lágrimas de familias afectadas se pudiesen haber evitado si hubiésemos actuado a tiempo?, se pregunta.

El 90% de las enfermedades crónicas están “ambientalmente relacionadas”

Revela que el 90% de las enfermedades crónicas están “ambientalmente relacionadas”. “Casi todo el presupuesto sanitario de las comunidades, el 70%, se va en esto. Evidencias científicas sobran, pero no tenemos más tiempo. Necesitamos políticos valientes para revertir esta situación”, pide.

Otras de las expertas, Ethel Eljarrat, Directora del Instituto de Diagnóstico ambiental y Estudios del Agua del CSIC, lamenta que la sociedad civil no sea del todo consciente de esta problemática. “Un medioambiente contaminado afecta a la salud humana. Nos enfrentamos a una contaminación silenciosa por la exposición crónica muy pequeña de estos compuestos. Tenemos la obligación de dar alerta a quienes tienen en sus manos el poder de legislar. La sensación es que no se legisla con determinación por presiones económicas, pero el problema es muy grave para seguir de brazos cruzados”, explica.

Cuando se legisla, agrega Olea, muchas veces se hace “mal o tarde”. Pone un ejemplo: en 1995, la ciencia documentó la toxicidad de la resina poxi, una sustancia que se usa en todas las latas de conserva. La prohibición de la Unión Europea empezará a regir a finales de este año. ¿Cuánto es el daño causado durante estos 29 años, cuánto daño hubiésemos evitado si se hubiese tenido la honestidad y valentía política de actuar al compás de la ciencia?”, cuestiona el endocrinólogo.

Existen múltiples investigaciones y publicaciones científicas, con estudios epidemiológicos, que muestran la presencia de tóxicos en el organismo de la práctica totalidad de la población. Un problema asociado es el alto coste sanitario derivado de los tratamientos de las enfermedades derivadas de la exposición a todas estas sustancias.

La Unión Europea estima que los costes adicionales para tratar las enfermedades derivadas de la exposición a disruptores endocrinos -sustancias que alteran el equilibrio en el sistema hormonal y contribuyen a causar problemas reproductivos, además de algunos cánceres como los de mama, de endometrio, ovario, próstata, testículo y tiroides- alcanzan los 217.000 millones de dólares anuales.

La reclamación a las formaciones políticas y al Ministerio de Sanidad

Los cuatro expertos coinciden en que es necesario “un cambio de rumbo urgente de la industria y de las administraciones”. Un “paso clave” es que el Congreso sancione un marco normativo -hoy “inexistente o insuficiente”- que, por ejemplo, garantice estudios exhaustivos de todas las sustancias tóxicas presentes en productos de consumo y la evolución del riesgo de exposición.

También el cumplimiento del “principio de precaución” en el diseño y fabricación de los productos -que no se requiera la confirmación total y absoluta del riesgo- y la transparencia de información por parte de la industria sobre la “composición completa” de los artículos que entran en el mercado.

Otra exigencia es establecer mecanismos de control, seguimiento y sanción que “den seguimiento” a la normativa actual y futura. Según Rezero, la prohibición de bisfenol A y ftalatos -dos sustancias químicas de alto volumen de producción que se utilizan desde hace varias décadas para fabricar plásticos-, incluida en el real decreto de envases y residuos de 2022, no se cumple.

“Estos mecanismos tienen que ser aplicados por parte de las administraciones, independientes de la industria química y basados en evidencias de la comunidad científica”, aclara la ONG.

En el contacto con los médicos y científicos, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, se comprometió a hablar con los dos Ministerios competentes -Sanidad y Transición Ecológica- para “eliminar la carga tóxica de los productos de consumo”. “No se puede legislar sin la ciencia”, admitió en la reunión.

En tanto, diputados de Sumar, ERC, BNG, EH Bildu y Junts agradecieron el acceso a la información científica y se comprometieron “a influir en esta legislatura para avanzar en medidas concretas”.

“Hemos luchado en su día para conseguir que el Estado español incluyera la prohibición del bisfenol A y los ftalatos en envases alimentarios en la ley de residuos aprobada en 2019. A pesar de conseguirlo aún no se ha desarrollado ningún reglamento para cumplir la medida”, pidió tras las reuniones Rosa García, directora general de Rezero.

Más tarde, el grupo de expertos entabló diálogo con tres representantes del Ministerio de Sanidad: Héctor Tejero, responsable de Salud y Cambio Climático; Margarita Palau, jefa del Área de calidad sanitaria del agua y riesgos ambientales; y Pedro Gullón, director general de Salud Pública.

El equipo de Mónica García se comprometió también a lograr avances en esta legislatura. Del otro lado de la mesa, los médicos, los científicos y las autoridades de la ONG se fueron con la “sensación positiva” de que las carteras de Sanidad y Transición Energética están trabajando “muy estrechamente” para unir salud pública y medio ambiente.