En los años cuarenta, el científico Claire Patterson intentó calcular la edad de la Tierra. Para lograrlo, debía medir la cantidad de plomo de un meteorito con precisión extrema y el desarrollo de aquella habilidad tendría efectos inesperados. En sus viajes por el mundo reuniendo información, observó que el plomo estaba presente por todos lados en cantidades que un origen natural no podían explicar. Patterson identificó el plomo añadido a la gasolina como una de las fuentes de esa contaminación, y comenzó a presionar para que se eliminase. Su batalla contra la industria petrolera, que defendía el origen natural del plomo en el ambiente, comenzó en 1965. Aunque fueron necesarios más de veinte años, EE. UU. acabó por reconocer los datos y prohibió los coches que funcionasen con gasolina con plomo en 1986. Una década más tarde, los niveles de plomo en la sangre de los habitantes de aquel país habían descendido un 80%.

Este caso muestra cómo la industrialización, junto con sus beneficios, ha introducido riesgos en nuestras vidas, y recuerda la importancia de la ciencia para vigilar y minimizar esos efectos. La semana pasada, la Comisión Europea presentó en Bruselas un proyecto para impulsar este tipo de vigilancia. La Iniciativa Europea de Biomonitorización Humana (HBM4EU) arrancará el 1 de enero de 2017 y contará con 74 millones de euros para mejorar los sistemas de biovigilancia de la unión.

“Antes de que se apruebe un producto de consumo, se ha de hacer una evaluación de riesgo, que es un proceso dinámico y nunca es perfecto”, explica Argelia Castaño, directora del Centro Nacional de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Carlos III (CNSA- ISCIII), la institución que lidera la participación española en el proyecto. “Un ejemplo es la talidomida. Cuando se ponían los medicamentos en el mercado, las evaluaciones que se hacían utilizaban unos estudios que no eran todo lo completos que deberían”, apunta. Ahora, “se solicita a industrias y farmacéuticas muchos más estudios en animales y otro tipo de organismos, pero como las evaluaciones de riesgo se hacen basándose en animales de laboratorio, en modelos, las estimaciones de las concentraciones a las que está expuesta la población son imprecisas”, afirma. “La biomonitorización humana está para introducir más precisión a la hora de establecer la exposición real a los contaminantes”, concluye.

Los responsables del proyecto, en el que participarán 100 instituciones europeas pertenecientes a 26 países, han priorizado nueve sustancias, todas presentes en objetos que utilizamos o productos que consumimos casi todos los días. La observación de su presencia en nuestros cuerpos se basará en análisis de sangre, orina, de la placenta y la sangre del cordón umbilical y en tejidos como la grasa. Entre los contaminantes estudiados se encuentran, por ejemplo, los bisfenoles, empleados en todo tipo de envases de plástico, desde las botellas de agua a los biberones para bebés o como recubrimiento en las latas de conserva. Según comenta Miquel Porta, investigador en el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM), “aunque el bisfenol A se excreta, y no se queda en la grasa como otras sustancias, estamos expuestos a él cada día y es posible encontrarlo en todos los análisis de orina”.

Aunque la Unión Europea concluyó en 2015 que, en los niveles de exposición actuales, este compuesto no es peligroso para la salud, ha habido estados, como el francés, que han optado por prohibirlo. Tampoco faltan los estudios, como un publicado también el año pasado en la revista Endocrinology, que relaciona la exposición durante el embarazo al bisfenol A, que es un disruptor endocrino, con daño oxidativo para el bebé y riesgo de padecer diabetes o enfermedad cardíaca en el futuro. En cualquier caso, aunque no hubiese que prohibirlo, la biomonitorización serviría para cerciorarse de que los niveles de seguridad no se superasen.

Otras de las sustancias a las que se prestará especial atención son los retardantes de llama bromados (BFR), empleados en productos como la electrónica para que sean menos inflamables, el cadmio, que se puede acumular a través del tabaco o con alimentos como el marisco o los ftalatos, empleados en una gran cantidad de productos, desde los empaquetamientos de plástico hasta algunos juguetes sexuales. Entre los objetivos del proyecto no solo se encuentra el análisis del efecto de los compuestos de forma individual , sino que se tratará de comprender también cómo pueden afectar las combinaciones de contaminantes. Además, se estudiará la presencia de compuestos emergentes que aún no están bien identificados.

“Los efectos de los productos químicos sobre la salud son evidentes, y está claro que es necesario ejercer un control más estricto”, afirma Castaño. Además, “hay que estudiar los efectos a largo plazo y lo que sucede con las dosis”, añade. “Siempre se había creído que la dosis hacía el veneno, pero ahora se está viendo que hay algunos efectos en los que la relación con la dosis no está clara. Hay sustancias, como los disruptores endocrinos, que producen efectos a concentraciones muy bajas”, afirma.

Porta cree que el proyecto europeo “añadirá piezas de información importante”, pero recuerda que en España se ha hecho muy poco para que la biomonitorización avance. “Somos un puñado de gente clamando en el desierto”, resume. “Aquí hay muchas comunidades autónomas que nunca han hecho un estudio de biomonitorización en una muestra representativa de la población general”, señala. Canarias y Cataluña, las dos comunidades pioneras en realizar estos estudios, no los han repetido. “Tener información de una muestra representativa de la sociedad para tomar decisiones, es una herramienta de gestión en una democracia representativa”, afirma. Contar con esa información podría servir, según Porta, para explicar una parte de la enfermedad y las muertes que se observan para las que no hay explicación. “Una mujer desarrolla alzhéimer, párkinson o cáncer y cuando se pregunta por qué, la gente se encoge de hombros sin saber que hay subgrupos de la población con unos cócteles tóxicos muy importantes en su organismo”, ejemplifica.

Jesús Ibarluzea, investigador del Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia, apunta también a la falta de atención que se le ha dedicado en España a la biomonitorización. “Es un instrumento básico para conocer la contaminación ambiental, y llevamos años reivindicándolo”. Además, en un punto que coincide con Porta, plantea que, como ha sucedido en otras ocasiones, desde la coordinación del proyecto no se ha contado con los grupos de investigación más potentes en este ámbito ni con las Comunidades Autónomas.

Ibarluzea alerta por otra parte frente a la “velocidad de sustitución de sustancias por parte de la industria”. Esto añade dificultad a la complejidad de estudiar los compuestos sobre los que la investigación ha colocado una señal de alerta. “Realizar estudios sobre estas nuevas sustancias requiere dinero y mucho tiempo, y es mucho más fácil criticar un estudio sobre los problemas que puede provocar un compuesto que hacerlo”, señala en referencia al trabajo de la industria para obstaculizar medidas de control demandadas por los científicos. Aunque, puntualiza, “no se trata de demostrar que todo es malo”.

Fuente: elpais.com